Clínicas de La Plata atenderán a afiliados de IOMA de otros distritos

La “priorización de los recursos” fue la excusa que argumentaron representantes y autoridades de la Asociación de Hospitales, Clínicas y Establecimientos de Alta Complejidad Privados de La Plata para comenzar a limitar la atención de quienes llegaban desde otros distritos pero que cuentan con la prestación de la obra social de los estatales bonaerenses, esto es, IOMA.

 

Efectivamente, hace pocas semanas la entidad que representa a los centros de salud privados levantó la voz de alarma ante el incremento de pacientes provenientes de otros distritos de la provincia de Buenos Aires para recibir atención médica en La Plata, como consecuencia de que en sus respectivas ciudades no cuentan con servicios ni prestación profesional adecuada.

 

Esta situación motivó que en nuestra ciudad se procediera a la creación del denominado Comité de Crisis Platense (CCP), que al fin y al cabo elaboró un documento que concluyó que hubo un incremento del 35% de afiliados al IOMA del interior de la provincia de Buenos Aires que concurre a los centros de salud de La Plata.

 

Como se indicó, según el mencionado Comité, esta situación se produce "porque en sus ciudades no tienen una cobertura de salud adecuada". Ante tal panorama, clínicas y sanatorios privados de nuestra ciudad decidieron que iban a empezar a limitar la atención de aquellas personas provenientes de otros distritos que requieran atención o tratamiento médico.

 

Ante tal proceder, las autoridades del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) intimaron a ACLIBA I (Asociación de Hospitales, Clínicas y Establecimientos de Alta Complejidad Privados de La Plata) para que dé marcha atrás con sus intenciones, consistentes en priorizar todos los recursos a la atención de los afiliados con domicilio en nuestra ciudad.

 

De esta manera, toda persona afiliada IOMA podrá seguir atendiéndose en clínicas de La Plata sin restricciones, incluidas quienes residen en otras localidades de la provincia de Buenos Aires.

 

Ayer por la tarde, desde la sede central de IOMA ubicada en calle 46 entre 12 y 13 de nuestra ciudad se señaló que la mencionada Asociación respondió que se seguirá atendiendo a todas las personas afiliadas sin distinción de domicilio de residencia, exhortando a socios y adherentes a que así se haga.

 

 

 

Tensiones previas

 

 

 

Cabe señalar que previo a la intimación de IOMA y el acatamiento por parte de ACLIBA que en la práctica significa un entendimiento entre partes, hubo fuertes tensiones en las últimas semanas. Como suele suceder en estos tipos de casos, la forma de transmitir el descontento o desagrado por una medida adoptada es el envío de una nota o carta documento.

 

Cuando el pasado 8 de marzo el Comité de Crisis Platense (CCP) pidió que las clínicas y sanatorios de la ciudad dejen de atender a personas afiliadas a IOMA provenientes del interior de la provincia de Buenos Aires para "priorizar todos los recursos a la atención de los afiliados con domicilio en la ciudad", la obra social no tardó en hacerse eco de esa postura.

 

Al respecto, las autoridades de la obra social pusieron en conocimiento de la Asociación que "incurría en incumplimiento de los convenios vigentes entre ambas partes a la vez que tal decisión viola la Constitución provincial y es un acto de discriminación para los afiliados y afiliadas del IOMA".

 

Cabe destacar que la cédula fue enviada por la Dirección Provincial de Relaciones Institucionales y Jurídicas del IOMA, desde donde se señaló que "esa medida, de ser implementada, será considerada como un incumplimiento de la vinculación contractual existente entre las partes por resultar violatoria del convenio (cláusula 4ta.) y de la normativa vigente, entre otras".

 

La respuesta de ACLIBA fue la siguiente: “Esta asociación ha prestado y seguirá dando estricto cumplimiento con todo cuanto se hubiere contratado", para de inmediato agregar: "ello sin restricción ni condicionamiento alguno para la totalidad de los afiliados".

 

 

 

 

 

Otros conflictos

 

 

 

Lo sucedido con ACLIBA I, lamentablemente, no es nuevo en lo que respecta a la conflictividad que mantiene la obra social de los estatales bonaerenses con otras entidades profesionales.

 

Ya es prácticamente cotidiana la tensión que mantiene con la Sociedad Platense de Anestesiología, que hace pocas semanas recibió comunicaciones de equipos de dicha especialidad de los hospitales públicos que funcionan en La Plata y la región por el atraso en el pago por parte del IOMA de los honorarios de diciembre de 2023 y la imposibilidad de presentar la facturación por las de enero de 2024.

 

En virtud de esos atrasos de la obra social, la entidad decidió suspender cirugías en varios hospitales de La Plata y la región, medida que se fue llevando a cabo la última semana, solamente con la atención de urgencias. 

 

Como se sabe, este tipo de medidas impacta muy fuerte en la situación económica de establecimientos médicos, que se ven obligados a proceder a la postergación de las cirugías programadas en esos centros asistenciales.

 

En su momento, la Sociedad Platense de Anestesiología destacó en varias oportunidades que se vienen generando atrasos en los pagos de los honorarios a los profesionales que realizan las prácticas en los establecimientos de salud dependientes del ministerio de Salud bonaerense.

 

"En ese contexto, en distintos servicios de anestesiología de hospitales públicos de la Región se postergarán las intervenciones quirúrgicas programadas", dijeron en el comunicado en el que anunciaron las medidas de fuerza a adoptar.

 

La suspensión de las cirugías se pusieron en práctica en el Hospital San Roque de Gonnet, el Hospital de Niños “Sor María Ludovica”, el Alejandro Korn de Melchor Romero, el Hospital Mario Larrain de Berisso y en el Hospital Cestino de Ensenada.

 

 

 

Kinesiología y acompañantes terapéuticos

 

 

 

Idéntica situación se dio con el Colegio de Kinesiología, cuyos profesionales también se encontraron con problemas a la hora de percibir sus honorarios.

 

Párrafo aparte es la crónica situación de atrasos en los pagos de las prestaciones a cuidadores domiciliarios y acompañantes terapéuticos, quienes sufren demoras que superan los seis meses.